Normalmente, describimos el crimen financiero de una manera demasiado limitada, basándonos casi exclusivamente en aquello que llamamos blanqueo de capitales. Sin embargo, esta es tan solo una de sus expresiones. El verdadero coste del crimen financiero va mucho más allá de los 1,45 billones de dólares de volumen de negocio que, según el informe de Refinitiv 2018, perdieron el pasado año las compañías participantes en el estudio.
Según el estudio Innovation and the fight against financial crime de Refinitiv, el pasado año las compañías invirtieron alrededor de 1,3 billones de dólares en prevenir y combatir delitos como el blanqueo, la corrupción, el fraude o la delincuencia cibernética, lo que significa aproximadamente el 3,1% de sus ingresos anuales. De hecho, el 47% de las entidades consultadas han sido víctimas del crimen financiero.
Otros datos importantes, esta vez reflejados por Europol, la agencia de la Unión Europea en materia policial: este órgano estima que tan solo el 0,5% de las transacciones analizadas por los equipos de compliance de la banca acabaron en una investigación criminal.
Solo el 1% de las ganancias que produce esta delincuencia a nivel global son confiscadas por los servicios policiales
¿Cuál es la consecuencia de que estos casos no lleguen a los juzgados? Pues que solo el 1% de las ganancias que produce esta delincuencia a nivel global son confiscadas por los servicios policiales. Mientras tanto, su actividad crece de manera exponencial, tal y como confirman las estadísticas elaboradas por las Naciones Unidas.
Es evidente, algo falla y no estamos teniendo éxito en la lucha contra este tipo de crimen, que impacta de manera dramática en el mundo. Fraude, corrupción, explotación infantil y sexual, tráfico de especies en vías de extinción o violación de los recursos naturales son algunas de las formas que llaman cada vez más la atención a quienes aunamos esfuerzos para mejorar la eficiencia de un sistema que pone de manifiesto sus debilidades. ¿La mayor de ellas? Tratar estos asuntos como una tarea de compliance y no con el objetivo, como comunidad global, de ser realmente eficientes en combatirlos.
Global Coalition to Fight Financial Crime
No es un problema de despacho o de inversión privada. Tras el análisis de los datos mencionados, una amplia comunidad de expertos cree que es necesaria una respuesta colectiva en la que todos los agentes implicados tomemos parte.
Bajo este espíritu, lanzamos la alianza Global Coalition to Fight Financial Crime, con socios como el Foro Económico Mundial o Europol. La coalición partió de la premisa de que, al venir de regiones y sectores diferentes, se podía generar una nueva perspectiva que dé a luz ideas y soluciones diferentes para lograr eficiencia en la inversión de recursos contra el crimen financiero.
Los objetivos de este acuerdo son específicos y claros. El primero de ellos pasa por promover el conocimiento global del impacto de estas actividades delictivas en la vida de personas reales y en la sociedad. Pero mucho más allá existe la necesidad de promover los flujos transparentes de comunicación entre los sectores privado y público. En este segundo objetivo hay procesos maduros de trabajo en países como Inglaterra, Singapur o Australia, mientras que en otros lugares, como Alemania, se acaban de anunciar.
Es clave la identificación de elementos problemáticos en el sistema regulatorio contra el blanqueo de capitales
El tercero de estos objetivos está basado en la propuesta de mecanismos que permitan detectar amenazas crecientes, como la impunidad y el anonimato que pueden facilitar los trámites en criptomoneda. Por último, es también clave la identificación de elementos problemáticos en el sistema regulatorio contra el blanqueo de capitales. Un buen ejemplo de ello es la colisión de las regulaciones destinadas a la lucha contra los delitos financieros y las enfocadas en proteger el derecho a la intimidad.
El impacto del fracaso
Inestabilidad financiera, violación de derechos humanos, falta de inversión en educación, infraestructuras o salud… El impacto del fracaso de la lucha contra los delitos financieros es una realidad medible y preocupante. Por ejemplo, 40 millones de personas viven en la actualidad en condiciones de esclavitud, dedicadas a la construcción, la agricultura, la minería, la pesca, el servicio doméstico o la prostitución. Es decir que, hoy en día, hay más esclavos en el mundo que en los tiempos en los que someter a personas a vivir en servidumbre era legal.
Por otra parte, basta con hacer una búsqueda en Internet para comprobar la cantidad de titulares que durante el último año han hecho referencia a escándalos financieros. No es de extrañar si tenemos en cuenta que el 86% del dinero negro se blanquea a través del sistema financiero.
Las noticias se refieren a casos como el de Danske Bank, con grandes repercusiones legales e incluso personales, o al de ABLV. La entidad de Letonia, donde el 40% del PIB depende del sistema financiero, fue acusada de blanqueamiento institucional por el Gobierno de los EE. UU., por lo que vio cerrado su acceso al mercado de capitales en dólares. Unos días después, el banco sufrió una fuga de capitales de 600 millones de euros y el Banco Central Europeo (BCE) acabó suspendiendo pagos. El hecho de que una sola entidad pueda herir gravemente las cuentas de un país y las de sus asociados es un foco de desconfianza muy peligroso.
Invita a la reflexión no solo lo que perdemos, sino también lo que la sociedad deja de ganar por la evasión fiscal relacionada con este tipo de delincuencia. Según reflejaba recientemente la fundación americana Education Endowment, un billón de dólares perdidos en fondos públicos podría haber dado acceso a una educación de alta calidad a 150 000 niños en España, escolarizado a 325 000 menores en México o permitido construir 2000 colegios en la India.
