Según el informe Infraestructuras al servicio de la Movilidad para la región de Madrid, presentado recientemente por SENER y SEOPAN, la ejecución de 38 nuevas infraestructuras de transporte en la Comunidad de Madrid ahorraría 815 millones de horas en desplazamientos y reduciría un 8,8% las emisiones de C02 en los próximos 30 años.
Un ahorro de 815 millones de horas en desplazamientos y una reducción del 8,8% en las emisiones de C02
La inversión inicial para estas actuaciones en vías urbanas, interurbanas, cercanías y metro sería de 13.162 millones de euros, pero produciría, además, 14.742 M€ de actividad económica inducida y generaría 216.191 empleos directos e indirectos, lo que equivaldría al 7,3% del empleo regional anual.
En total, estas actuaciones generarían un beneficio social de 36.319 millones de euros (M€), equivalente a 2,7 veces su coste económico. En términos ahorro de tiempo, las tres principales actuaciones serían el cierre Norte de la M-30, el túnel viario Este-Oeste y el eje de cercanías Este-Suroeste.
El 14% de este beneficio social (5.210 M€) corresponde a la supresión del efecto barrera, muy presente en las actuaciones de soterramientos de vías urbanas que eliminarían la contaminación acústica, crearían infraestructura verde y recuperarían el espacio público para el ciudadano. Los cinco proyectos de esta tipología recogidos en el informe producirían 50 hectáreas de área liberada.
El beneficio social restante correspondería, en un 11% (4.113 M€), al ahorro de costes externos a través de la reducción de accidentes y emisiones, y en un 3% (964 M€) a ahorros por reducción de costes para los operadores públicos y privados.
En palabras de Julián Núñez, presidente de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, “estas inversiones son clave para mejorar la movilidad y calidad de vida de los ciudadanos en la región de Madrid y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Queremos que estas infraestructuras faciliten la priorización y toma de decisiones de las Administraciones Públicas, potencien la coordinación de las mismas y promuevan una mayor participación del sector privado en la planificación y financiación de los proyectos”.
