La plataforma AdjudicacionesTIC ha realizado un estudio, analizando los proyectos tecnológicos licitados por el Estado, las CCAA, Ayuntamientos y organismos públicos de las últimas semanas para conocer el comportamiento de los licitadores ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que entró en vigor el pasado 9 de marzo. Una de las principales conclusiones es que el mercado se ha dinamizado, con un incremento del 50% en el número de licitaciones publicadas por las AAPP en las últimas semanas.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) supone un cambio en la filosofía de contratación y de relación con la Administración, eliminando la premisa de la oferta más económica para potenciar la calidad como criterio de adjudicación. Según Ismael Moreno, socio fundador de AdjudicacionesTIC. “Este nuevo baremo se sostiene sobre cuatro pilares: la innovación, una mayor accesibilidad para la pyme mediante la simplificación de los trámites, criterios sociales y criterios ambientales. Todo con el objetivo de dotar al proceso de mayor transparencia”.

Los proyectos más destacados en las últimas semanas previas a la entrada en vigor de la LCSP se engloban dentro del área hardware y comunicaciones, con una inversión global de más de 168 millones de euros. Entre los licitadores más importantes de las últimas semanas, con cifras aproximadas, se encuentran la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía (123 millones de euros), la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Valencia (38 millones de euros), y el Ministerio de Justicia (26 millones de euros).

Los proyectos más importantes, una vez entrada en vigor la ley, han sido licitados por la Dirección General de Tráfico, que por un valor de aproximadamente 16 millones busca un proveedor para el servicio de mantenimiento de los sistemas de información de la Gerencia de Informática; y el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), que ha publicado el pliego para el suministro, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento de una red privada de comunicaciones móviles para servicios de trunking y banda ancha en el municipio por valor de dos millones de euros, aproximadamente.